La reciente aprobación de la Ley para la Memoria Democrática que asume por primera vez el pasado y persigue la rehabilitación del recuerdo de las víctimas, pone el acento en construir una memoria democrática común, que recuerde el dolor de todas los afectados, una memoria democrática como la de Negrín, quien en 1938 tuvo la esperanza de que “sin transcurrir muchos años, en las estelas funerarias de cada pueblo figuren hermanados los nombres de las víctimas de la lucha como mártires por una causa de la que debe surgir una nueva grande patria”.
Este deseo de quien fuera presidente del Gobierno durante la Segunda República ha tardado muchos años en ver la luz, y la aprobación de esta ley no implica la conquista de lo perseguido, nos corresponde a todos, al conjunto de la sociedad recuperar la historia perdida, aprenderla y condenar los hechos pasados. Esa recuperación pasa por detenerse en cada pequeña historia, desempolvar las fotografías y los recuerdos de los que aún están y fueron parte de lo acontecido, de quienes durante toda una vida han esperado recuperar a sus seres queridos, en muchas ocasiones desconociendo el lugar o el hecho que los hizo perderlos en el mapa.
Esos Mapas de Memoria son los que se han ido trazando desde el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, que desde el año 2009 comenzó un proyecto de investigación sobre la represión de la dictadura franquista y que culminó con la publicación de Todos los nombres de la represión de posguerra. En 2017 en colaboración con la Diputación provincial de Ciudad Real iniciaron una nueva andadura tratando de recuperar la memoria de las víctimas de la represión y de localizar las fosas que había en la provincia. Uno de los objetivos de la nueva ley es poner cifra, hacer un censo estatal de víctimas.
La dificultad en esta empresa es notable, prueba de ello es la difícil tarea que ha supuesto para este proyecto, que ha conseguido cifrar entorno a 4.000 personas teniendo como fuentes archivos militares, penitenciarios, provinciales, registros civiles y libros de cementerios de los diferentes pueblos de la provincia, haciendo frente a todo tipo de trabas administrativas y políticas. Y que ha supuesto la modificación de muchos datos, que aun no figurar en las pruebas documentales, permanecían en la memoria de muchos vecinos.
Este viaje por la memoria de cada una de las familias de los asesinados ha permitido terminar de construir el relato de la víctima, pero también del familiar que ha crecido bajo la crónica del ser perdido como propia, a quién conoce y anhela como un miembro más. Ese entorno de la intimidad del hogar, donde durante años se ha establecido un código sobre aquello de lo que hablar, pero también sobre qué mostrar. El recuerdo personal atesorado en un pequeño objeto, oculto durante años no solo de las miradas intrusas del exterior, sino también del interior del hogar como medio de protección y salvaguarda. Andrés Moreno, miembro del equipo de Mapas de Memoria, en una de sus publicaciones Etnografía de una ausencia, relata esa labor de algunos miembros de la familia a los que llama custodios de memoria, en su mayoría mujeres, que, durante la guerra y la dictadura, fueron responsables de contener estos objetos, estas fotografías, fuera de alcance, eliminándolas o escondiéndolas como si fueran la prueba de un delito, estableciendo un silencio sepulcral con sus hijos, conteniendo de una parte la creación de un relato comprometedor, y de otra la venganza en la honra del familiar perdido. Sin embargo, las fisuras de este silencio solían darse dentro del espacio femenino, como vía de escape al dolor. Son estos recuerdos materiales los que tras años ocultos han permito dotar de significado a la búsqueda, ayudando a establecer información sobre la fisionomía de las personas desaparecidas, siendo necesario resaltar la importancia de las exhumaciones como acto para remover aquello que durante años ha permanecido inmóvil como cuerpo del delito.
La organización de exposiciones itinerantes por el territorio nacional del proyecto Mapas de memoria,que ha reunido aquellos recuerdos plasmados en pequeños objetos pertenecientes a otras victimas de las provincias que la han acogido, demuestra que este acto que podría denominarse de “justicia restaurativa” ayuda al conjunto de la sociedad no solo a poner en valor el tiempo pasado, sino a hacer presente lo que sigue siendo una cuestión de estado, y que atañe al conjunto de la sociedad y no solo a las familias que fueron y son victimas de ello.
Pero es sin duda necesario ir más allá del mero acto simbólico y reconocer la memoria como algo justo y necesario, no como algo político y partidista, dignificar la vida de las victimas es un deber moral y un signo de calidad de la democracia, la historia no debe seguir construyéndose desde el olvido y el silencio.
Aficionada del arte y la cultura. Interesada en el panorama político internacional y medioambiental. Participa en diferentes programas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
