Siempre ha existido una relación entre la lingüística y la política. No sólo desde el ámbito retórico y de la oratoria, sino también en el ámbito institucional, donde en más de una ocasión ha sido el organismo político y no la ciencia lingüística quien ha decidido qué hablamos y en qué forma lo hacemos, estableciendo unas reglas que en muchas ocasiones se alejaban de la realidad.
España es uno de esos estados donde se han dado en mayor medida este tipo de relaciones. Una tierra rica en lenguas y variedades que tuvo que vivir muchos años de disputas políticas en relación al habla de su gente, con el objetivo de alcanzar una meta política. Y esta guerra aún persiste, si bien es cierto que (casi) todas las lenguas del Estado Español gozan de una protección legal que ha propiciado que la lucha lingüística se haya reinventado
El hecho de que exista protección jurídica y cultural de las diversas lenguas del Estado permite que afirmaciones tales como que «el catalán es un mero dialecto del castellano» se conviertan en una frase de cuñado en la cena de Nochebuena. Y si bien aún existe gente que afirma semejante falacia, sabemos que políticamente (y lingüísticamente) el catalán es una lengua, y nadie puede contradecir dicha realidad sin caer en el ridículo. Sin embargo, resulta peligroso que dicho reconocimiento haya tenido que venir de la mano de una institución política y no de una institución lingüística. Ha tenido que escribirse una ley (entendida como materia de lo jurídico-político) para que ese reconocimiento como lengua fuese efectiva, aunque millones de lingüistas y filólogos ya defendieran previamente que el catalán fuera un idioma.
Pero por mucho que el Estado y la clase política dirigente sean quienes decidan qué es lo que habla la gente, la realidad se aleja mucho de lo que establecen los estatutos. Así pues, aunque en Extremadura se hable español de forma jurídica, la realidad es que coexisten tres lenguas (español en su variedad extremeña, la fala y el extremeñu), y es una obviedad que defiende cualquier filólogo, pero un político no querrá reconocerlo al poner por delante la institución sobre la realidad social y lingüística.
Esto ha provocado que existan falsas visiones que se alejan de lo cultural y social. Aunque Catalunya sea bilingüe en el ámbito jurídico, en lo social no sucede igual, si entendemos la persona bilinüe como aquel individuo que usa a lo largo de su día ambas lenguas de manera equitativa. Lo cierto es que hay muchísima gente que sólo es castellanoparlante, y muchísima otra que sólo es catalanoparlante. Si bien pueden tener conocimiento de ambas lenguas, en la realidad usarán una por encima de la otra, luego no puede darse un bilingüismo tal y como se pretende reflejar desde la clase política. La realidad bilingüe en Catalunya y en cualquier otra comunidad con una segunda o tercera lengua es mucho más compleja que todo esto, pero eso no impedirá a instituciones ni grupos políticos tomar dicha realidad, simplificarla y usarla para sus objetivos.
Así pues, el hecho de que ERC tenga a Gabriel Rufián, castellanoparlante, entre sus primeras filas no es más que un intento de acercamiento a la mayoría de la población. Saben que hablando sólo la lengua principal de la mitad de la población no podrán conseguir unos objetivos que requieren de una mayoría social clara. Con ello, ERC da un mensaje de unión, de que nadie es más ni menos por hablar una lengua u otra, y que en su proyecto político caben todos. No así sucede con JxCat, quien toma la lengua catalana como suya y la cuida con tanto mimo que no dudan en arremeter contra aquellos que intentan «modificarla» (Rosalía sabe perfectamente de lo que hablo). JxCat representaría una burguesía catalana que busca la perfección de la lengua y la «pureza» cultural, en vez de representar a una sociedad que intenta alcanzar la utopía del bilingüismo perfecto. Y es que gran parte de esa sociedad que ellos definen como «catalana» no ha nacido en Catalunya, sino que tienen origen en otras regiones tales como Andalucía o Extremadura.
Otros partidos de índole independentista o nacionalista también han optado por reflejar ese intento de bilingüismo social con el objetivo de atraer a un número mayor de votantes, y más cuando la lengua española es la que predomina en la población, como es el caso de Euskadi. Sin embargo, hay cierta anomalía cuando nos topamos con Galicia, puesto que el partido galegoparlante por excelencia es el PP.
Tanto en Euskadi como en los Países Catalanes, lo común es ver al Partido Popular renegando de la lengua regional. Su objetivo en estas comunidades es demostrar la supremacía del Estado Español dentro de las instituciones autonómicas. De este modo, pretenden reflejar la unidad de todo el territorio como respuesta a los grupos soberanistas, no tanto obtener votos, sino implantar su idea de España en unas instituciones de gobierno a las que nunca tendrán acceso más allá de la mera oposición. Pero en Galicia sucede justo lo contrario: se convierten en galegoparlantes para poder mantener su poder; allí en la única comunidad donde la lengua de uso mayoritario no es el español sino la regional.
El gallego defendido por el PP pertenece a la llamada modalidad normativa, cuyas reglas ortográficas se acercan a la norma española. De este modo, aún arropado un enfoque regionalista e identitario, mediante la lengua reflejan su defensa de la unidad española. Otros partidos como el BNG, en cambio, optan por el reintegracionismo, y es por ello por lo que en vez de responder con un «grazas» responden con un «obrigado», es decir, a la manera lusa. Así pues, los motivos que hacen inclinar la balanza por un modelo u otro son esencialmente políticos: el PP busca que el gallego se acerque al español para permitir su existencia sin que ello suponga un peligro para la unidad del Estado, mientras que el BNG desea mantener la realidad sociocultural gallega alejada de lo español (un intento actual de regionalismo y autonomismo) y más cercana a lo portugués.
Las lenguas son armas por las que distintos grupos políticos alcanzan sus objetivos y ocupan poder, pero también son un reflejo de sus ideales. Si como partido defiendes la unidad de España, la RAE será tu aliada y no existirá más lengua española que la que la institución lingüística (nacida por meros motivos políticos) dictamine. Si como partido defiendes la emancipación del País Valencià (por poner un ejemplo) defenderás que el valenciano sea una lengua, aunque haya más pruebas en favor de sus estatus como modalidad del catalán; así justificará la diferencialidad cultural de la nación Valenciana frente a la catalana (el ya clásico anti-pancatalanismo). Aunque en teoría es la lingüística la que establece las leyes que la regulan, la política es quien decide cuál se aplica y cuál no.
Jaime Verdejo Rodríguez (1999) estudia Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, con un año de estancia en la Università di Bologna. Entiende la lengua como un medio para descubrir cómo funciona el mundo, la política y la sociedad de clases. Para él, la lingüística es una herramienta científica para construir un mundo mejor y entender al ser humano como el sujeto político que es.
