Con el cambio de gobierno, parecía volver al foco mediático y social la Memoria histórica que, entre noticias de exhumaciones y condecoraciones a represores y torturadores, nos recuerda los conflictos que nuestro sistema democrático parece tener con el recuerdo.
Entre la memoria de algunos y la desmemoria de otros crecen voces graves -y a menudo ensordecedoras- que excusándose en proteger la Democracia apelan con rodeos o, a veces sin ellos, al olvido. A menudo, a través de debates televisivos, parlamentarios o incluso familiares se menciona la reconciliación como sinónimo de renuncia a la memoria, como si haber negado el “ojo por ojo” implicase ignorar por completo la dignidad y restauración que supone el recuerdo.
Este mal uso de la palabra reconciliación no es algo novedoso; tiene su raíz en la misma confusión que todos los grupos políticos padecieron (o generaron) al aprobar la Ley de Amnistía en 1977. Una ley que abría las puertas de las cárceles para los presos políticos encarcelados durante la dictadura, garantizando que nunca las traspasarían cientos de asesinos y torturadores, al no permitir esa misma Ley el enjuiciamiento de sus crímenes. Y negando justicia a un país entero, se le negó también la posibilidad de verdaderamente pasar página.
“se trata de reconciliar a las víctimas con el sistema, conseguir que puedan volver a confiar en la autoridad política”
Desde la Transición (algunos) han intentado instrumentalizar la palabra reconciliación hasta convertirla en olvido. Cuando en realidad son conceptos diametralmente opuestos: la reconciliación no se basa en el perdón de las víctimas a sus asesinos, torturadores o carceleros, eso es algo tan íntimo que ningún Estado lo podría exigir. Se trata de reconciliar a esas víctimas con el sistema, conseguir que puedan volver a confiar en la autoridad política; lograr que una sociedad a la que durante décadas se la mantuvo recluida y alejada de la libertad pueda volver a ejercerla, sin miedo.
Los esfuerzos en materia de Memoria histórica han sido puntuales e insuficientes;
Como ejemplo, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde hace ya 11 años (26 de diciembre de 2007) que claramente no ha sabido dar solución a la cuestión de la Memoria desde una perspectiva de Estado. Fue boicoteada desde su tramitación por el Partido Popular e insuficientemente financiada por el Partido Socialista.
Pasando por el expresidente Mariano Rajoy y sus famosos “cero euros”, que demostraron cómo su preocupación por cumplir con la Ley de Memoria histórica proporcionándole los medios económicos necesarios para su correcto funcionamiento era, en el mejor escenario, inexistente.
Llegamos a la actualidad encontrando, por un lado, las estrategias negacionistas de Pablo Casado, que ahora quiere sustituir la palabra memoria por concordia, no se sabe muy bien para qué o para quién. Y por el otro, la partida de 15 millones de euros para Memoria histórica recogida en los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez que, de aprobarse, sería la cantidad más elevada hasta la fecha destinada a esta materia.
Sea como fuere, a día de hoy es la sociedad civil, a título individual o a través de organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la que lucha día a día, con multitud de limitaciones tanto económicas como personales o administrativas, por recuperar y reconstruir la memoria. Muy lejos de la solución adecuada; acoger la Memoria histórica como una labor, una deuda moral y una cuestión de Estado.
Porque, pese a que en nuestras mejores utopías podemos coincidir en que la Memoria histórica debería ser un lugar de encuentro de todas las fuerzas políticas de cualquier signo o ideología. La realidad es que la derecha conversa nunca dejará de promulgar el olvido; porque su objetivo no es solo mantener su posición y privilegios, sino que ni siquiera se nombre lo que años atrás fue realidad.
Este rechazo a la Memoria histórica lo podríamos justificar en el buen sabor que aún etapas superadas de nuestra historia les produce en el paladar. Pero además de correr el riesgo de caer en el cliché, nos alejaríamos del verdadero objetivo de este artículo.
La verdad es que la visión excluyente de la Memoria histórica por parte de las derechas radica fundamentalmente en dos cuestiones. Primero, y relacionado con lo que comentaba anteriormente, es que ellos ya han argumentado su verdad. No tienen que componer una nueva narración de lo sucedido, no tienen que luchar por cambiar el relato impuesto, sino por mantenerlo.
Y segundo: la exclusión es su forma de hacer política. No nos podemos sorprender de sus tendencias a eliminar del relato histórico las partes de nuestro pasado que no les convienen recordar, puesto que son expertos la exclusión; su concepción de nación y del Estado es excluyente, su política educativa es excluyente, su concepción de la inmigración también lo es, por supuesto que su noción del recuerdo y a quienes debe recordar y homenajear el Estado también iba a serlo.
Pese a todo, la historia es la que es;
existe sin pedirnos permiso.
Y, o nos permitimos explorar el pasado,
sin miedo,
sin censura,
sin plantearnos si resulta conveniente ser justos
o la injusticia nos enterrará.
Entre quienes proponen la reconciliación y el olvido, solo nos queda una opción: hacer un ejercicio de memoria.
Codirector de Ideas en Guerra. Politólogo y jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue dirigente estudiantil por la educación pública, gratuita y de calidad. Buscando alternativas igualitaristas a la crisis climática. Colabora en distintos medios digitales.
