La lucha y los movimientos indígenas extendidos en el continente americano durante el siglo XX y XXI han producido grandes acontecimientos e impactos sociales, culturales, económicos, jurídicos y políticos que han dado lugar a cambios trascendentales tanto de América Central como América del Sur. Aunque desde el siglo pasado se ha procurado dar una definición de los pueblos indígenas, no hay una respuesta internacional oficial. Es así como entidades entre las que se encuentran la Organización Internacional del Trabajo, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Informe Cobo o, incluso, el sociólogo Rodolfo Stavenhagen, han dado sus visiones de lo que es y comprende un pueblo indígena para su identificación y aplicación de derechos. En la búsqueda por otorgar una definición se puede declarar que un pueblo indígena -en suma- se considera al conjunto de aquellos sujetos que habitaron un territorio antes de la llegada de los colonizadores y que, al mismo tiempo, cuentan con una identidad común en forma lingüística, religiosa o cultural. Normalmente también se suele añadir que deben presentar una organización político-social y mantener una conexión con el territorio que habitaban. La definición debe ser amplia y no debe dejar margen de confusión a la hora de definir cualquier minoría como población indígena. Además, va ligada al reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento que se volvió una exigencia para la aplicación universal de los derechos humanos.
A pesar de los grandes esfuerzos, estas poblaciones siguen conviviendo con fuertes estigmatizaciones y son más propensas a padecer situaciones de precariedad. En el caso de las mujeres indígenas, la unión del factor étnico-racial con el de género produce que, en su mayoría, sean las más perjudicadas en cuestiones relacionadas con la discriminación laboral; la violencia doméstica y en conflictos armados; el acceso a la justicia; la educación o la sanidad. Como resultado, las mujeres indígenas son principales víctimas de discriminación y, en su mayoría, están expuestas a todo tipo de violaciones de derechos humanos; civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. No obstante, el papel de las mujeres en la lucha indígena ha sido extremadamente relevante. Por ello, no es difícil encontrar asociaciones u organizaciones lideradas por mujeres indígenas en defensa de derechos indígenas y de la mujer. Un gran ejemplo de ello fue Berta Cáceres.
fuente: entrepueblos
Berta Cáceres fue una mujer indígena perteneciente al pueblo Lenca – pueblo localizado en territorio hondureño y principal etnia de Honduras -, que co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y luchó a favor de la defensa de los derechos humanos y ambientales en territorio Lenca. Su labor adquirió gran relevancia internacional debido a su lucha contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, la cual tenía por pretensión la construcción de una presa en territorio Lenca – en específico en el río Gualcarque – que propiciaría la forzada partida de su población, la violación de los derechos del pueblo indígena y la degradación completa de la naturaleza. Sin embargo, esta no fue la primera vez que el pueblo Lenca al mando de Cáceres se enfrentaba a megaproyectos que acechaban su status quo. Ya en 1994, un año después de la creación del COPINH, la organización paralizó un proyecto de industria forestal en el Departamento de Intibucá por medio de movilizaciones.
Así, el pueblo Lenca logró grandes victorias en Honduras, desde la declaración legal de los dos primeros municipios indígenas del Estado hasta la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1995. Incluso Cáceres se opuso al golpe de estado del 28 de junio de 2009 ocurrido en Honduras que, según el COPINH, se caracterizó como un punto de inflexión por el que el Estado y el ejército hondureño se pusieron al servicio de los intereses de multinacionales. En consecuencia, Berta Cáceres, como líder del COPINH, impulsó luchas importantes por la defensa del territorio, el medioambiente y la cultura lenca. El COPINH y Berta contemplaron también distintos proyectos que iban más allá y enfrentaron la tala ilegal, a las agroindustrias, mientras abogaron por los derechos LGBT y lucharon contra la violencia y el sistema patriarcal. De esta forma, el COPINH y Berta creían en la unión de luchas.
Amenazada de muerte en 2008 por su oposición al proyecto de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos (DESA); en 2013 comenzó la lucha contra la construcción de la presa de Agua Zarca (proyecto de DESA) sobre el río Gualcarque, debido a que dicho río se trata de una fuente vital para la supervivencia de la comunidad Lenca. La construcción se inició en 2014, al mismo tiempo que Berta Cáceres fue detenida temporalmente. A pesar de los contratiempos, en 2015 la líder fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman. No obstante, dicha lucha concluyó con su asesinato en 2016 y con la paralización de las obras mencionadas.
La muerte de Cáceres con 44 años fue un hito en la historia del COPINH que sorprendió al mundo. El 2 de marzo de 2016, según las fuentes, Berta Cáceres fue asesinada por militares y responsables de DESA. Sin embargo, esta empresa se desvinculó públicamente del caso. A pesar de la incertidumbre, familiares de Cáceres y el COPINH compartieron el 7 de marzo del mismo año una carta pública dirigida al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en representación de más de 50 organizaciones internacionales pidiendo una investigación internacional y justicia. Así, en mayo de 2016 comenzaron los arrestos y, en 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a un total de 7 hombres por el asesinato de Cáceres a 30 años de cárcel. Además, se confirmó la relación de los convictos con ejecutivos de la empresa DESA que iniciaron el plan debido a las pérdidas económicas que la oposición de Berta Cáceres les había ocasionado. No obstante, según declara Front Line Defenders, el juicio de Roberto David Castillo Mejía (ex oficial de inteligencia militar y el presidente de DESA) y autor intelectual del asesinato, sigue pendiente.
Berta Cáceres no ha sido la única líder indígena que ha sido asesinada por sus labores sociales y políticas en contra de proyectos económicos. Según Greenpeace y los datos recogidos de Global Witness, se estima que más de 800 defensores de los derechos de los pueblos han sido asesinados desde el 2014. Aunque el caso de la activista lenca fue resuelto por medio de la justicia, no son muchos los que corren la misma suerte y, en su mayoría, los juicios por asesinatos de líderes sociales y, en especial, de mujeres indígenas, quedan archivados.
El caso de Berta Cáceres, en consecuencia, permite conocer los peligros que corren las mujeres indígenas y líderes de movimientos sociales. La discriminación, el difícil acceso a la justicia, la violencia, la persecución política y la muerte son acontecimientos reales a los que se enfrentan las mujeres que luchan por sus derechos, por su pueblo y por la justicia e igualdad.
Estudia el Máster en Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo es captar la casuística e investigar sobre la conflictividad internacional, la problemática de las minorías étnicas y la defensa de los derechos humanos.
