La repercusión en bolsa de la fusión de CaixaBank y Bankia casi alcanza la que ha tenido en las portadas. Y con razón puesto que como consecuencia surge la mayor entidad bancaria del país. Como era de esperar también han nacido los primeros interrogantes sobre la fusión.
La mayoría de los debates versan sobre la dicotomía entre menor competencia a cambio de mayor rentabilidad. No soy experto en defensa de la competencia, así que me limitaré a esbozar los argumentos fundamentales. Unos defienden que la reducción de firmas bancarias reduce la libre competencia en el mercado. Otros afirman que esta reducción no influye en el buen funcionamiento del mercado, puesto que como la oferta bancaria ha de ser estudiada en términos europeos, la fusión no es lo suficientemente perjudicial.
Incremento de rentabilidad a costa de qué o de quién
Más complicado es encontrar visiones críticas sobre el otro platillo de la balanza, la rentabilidad. Se ha afirmado que la fusión de CaixaBank y Bankia supone un aumento de rentabilidad. Y en este punto, la cuestión fundamental es a costa de qué, o mejor dicho, de quién. ¿Es cierto que la unión de dos firmas bancarias y, en general, la consolidación bancaria supone una ventaja per se para la nueva entidad? El simple hecho de que un banco sea más grande no conlleva necesariamente que este sea más rentable. Si bien es cierto, en el ámbito teórico las economías de escala nos invitan a pensar que la fusión mejoraría la rentabilidad. No obstante, por suerte o por desgracia la economía real es mucho más complicada; de ahí que existan entidades de tamaño moderado con gran rentabilidad y viceversa.
Las fusiones bancarias no suponen necesariamente y de forma directa una mejora de los ratios financieros. El incremento en la rentabilidad proviene en gran medida de la reducción de costes. Hablando en plata, o en oro, reducción de costes laborales. En definitiva, las fusiones bancarias se constituyen como una vía para cerrar oficinas y reducir servicios centrales mediante EREs (que aparte de haber servido de nombre al famoso escándalo de corrupción andaluz, es un importante instrumento laboral, hermano mayor de los ya por todos conocidos ERTEs).
Nada nuevo bajo el sol. La OIT a principio de siglo ya auguró las turbulencias del empleo en el sector bancario a causa de las fusiones y adquisiciones. España es un país especialmente afectado por este fenómeno, como así pudimos comprobar con los despidos colectivos a raíz de las fusiones y absorciones bancarias potenciadas por la última crisis financiera.
Lo que esconden los números
Con la fusión, las plantillas de CaixaBank y Bankia sumarían aproximadamente 51.000 empleados, un tercio del conjunto del empleo del sector bancario. El informe de Barclays afirma que se reducirán alrededor de 5.000 puestos, cerca de un 10%, aunque otras fuentes han llegado a señalar pérdidas de hasta el 30% de la plantilla. Aunque sobre el papel, o sobre la pantalla, estos porcentajes no parezcan más que números, hemos de ser conscientes de las consecuencias sociales y económicas que se encuentran detrás de cada despido.
En este punto entran necesariamente a la acción los sindicatos. Esta figura tan denostada en la actualidad es una pieza clave en las negociaciones previas a los despidos. El poder sindical debe ejercer presión para obtener la mejor solución para los trabajadores. Las principales organizaciones sindicales de nuestro país no han tardado en realizar sus primeras comparecencias públicas. Esperemos que sean capaces de manejar de la mejor manera posible el poder y la responsabilidad que supone representar a 50.000 trabajadores. A su vez, puesto que con la fusión nace una entidad distinta, los sindicatos han de intervenir activamente en la fijación de las condiciones laborales de esta nueva empresa. La cuestión no es baladí puesto que hasta la fecha CaixaBank goza de mejores condiciones laborales que Bankia por lo que veremos si se consigue una igualación al alza o a la baja.
Una operación del calado de la fusión bancaria entre Bankia y CaixaBank ha de ser seguida de cerca por las autoridades, no solo financieras sino también laborales, dada la cantidad de empleo que está en juego. A su vez, el escrutinio público ha de ser aún más estrecho si cabe al considerar que el Estado es propietario de más de la mitad del capital social de Bankia. Para más inri, todo apunta a que esta firma será la que sufra mayores pérdidas laborales. Las razones pueden parecer simples. CaixaBank, dadas sus dimensiones en relación con Bankia, cuenta con mayor poder negociador. Pero a su vez, según el informe de Barclays, despedir a un empleado de Bankia es un 60% más barato que despedir a un empleado de CaixaBank.
Lejos de un ludismo del siglo XXI
Sería ingenuo olvidar la actual tendencia de reducción de empleo en el sector bancario a causa de los avances tecnológico. Pero esta pérdida de empleo es radicalmente distinta. En primer lugar, es progresiva, por lo que existe al menos la posibilidad de encontrar alternativas laborales. Y en segundo lugar, es inevitable. Lejos de defender un ludismo del siglo XXI, el mercado de trabajo está cambiando y nuestro sistema formativo ha de adaptarse a dichos cambios. Lo que no es ni progresivo ni inevitable es el aluvión de despidos que se avecinan como consecuencia de la antes mencionada operación.
El ruido mediático que ha desatado la fusión de CaixaBank y Bankia no debe hacernos perder el enfoque de lo que realmente se enconde detrás de estos procesos macroempresariales: la pérdida de empleo de miles de trabajadores. Ello requiere la máxima cautela de todos y cada uno de los agentes implicados. La autoridad laboral ha de velar por el estricto cumplimiento de la normativa durante todo el proceso. El Gobierno, así como la totalidad de partidos políticos han de tener en cuenta, a parte de las consecuencias económico-financieras de la operación, el grave impacto en las relaciones laborales. A su vez, los sindicatos han de desarrollar el importante papel que le es encomendado. Incluso la opinión pública ha de ser conocedora de la totalidad de consecuencias que la fusión acarrea para así poder obtener sus propias conclusiones. Libres e informadas.
José Ruz López; Cordobés. Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba. Alumno colaborador del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente cursa un Máster en Políticas Territoriales de Empleo por la Universidad de Córdoba, Granada y Huelva. (Pre)ocupado con los aspectos jurídico-laborales de nuestra sociedad. Fiel defensor de la a veces olvidada investigación jurídica.
