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ABOLICIONISMO: UN CAMINO INCOMPLETO

Varias voces dentro del Gobierno de España, especialmente la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, se han mostrado a favor de reformar la regulación de la prostitución en nuestro país. El programa electoral del PSOE en las elecciones de abril de 2019 incluía el endurecimiento de la legislación sobre la prostitución, siguiendo el mismo camino que ha tomado Francia. Por su parte, países como Noruega y Suecia se han convertido en modelos para una regulación con perspectiva “abolicionista”.

A lo largo del mundo podemos observar diferentes perspectivas y regulaciones de la prostitución. Pates (Pates 2012) clasifica las legislaciones sobre prostitución en prohibicionista, no regulacionista y regulacionista. En los países escandinavos el camino que se ha optado es un prohibicionismo abolicionista, donde la oferta de servicios sexuales es legal pero la compra es penada por su Código Penal. Alemania y Países Bajos optaron por un modelo de regulación y legalización de la prostitución, mientras que España e Italia se caracterizan por una falta de regulación. Las diferentes legislaciones son el reflejo de diferentes posiciones en torno a la prostitución. Desde posiciones conservadoras que ven este fenómeno como un ataque a los valores familiares se podría defender una salida punitivista tanto hacia las prostitutas como hacia los clientes. Por otro lado, desde una perspectiva liberal hay quien defiende que es una cuestión de libre elección por lo que se promueve la legalización de la prostitución regulada. Desde otra perspectiva la prostitución no es más que otro ejemplo más de violencia ejercida contra la mujer en el marco de una sociedad patriarcal, en la que los cuerpos de las mujeres son vistos como objetos sujetos a compraventa.

 

España se caracteriza por una regulación sobre la prostitución que está a medio camino entre su regulación y la represión punitivista contra ella. El ejercicio de la prostitución en España es legal, pero no se puede considerar trabajo ni un contrato legal, ya que sobrepasa la moral, uno de los límites a la autonomía de la voluntad establecidos en el Código Civil. Está junto diversas normas contra el proxenetismo en el Código Penal son las principales referencias a la prostitución a nivel estatal. Esta ausencia de regulación a nivel del Estado lleva a una diversidad de regulaciones autonómicas y municipales que tratan de llenar este vacío. 

 

La mayor parte de las críticas a esta regulación consisten en que no aporta ningún tipo de protección a las prostitutas, ni una posible aplicación de protecciones laborales si se legalizara y se les considerara trabajadoras, ni un posible trato como víctimas de explotación sexual en un sistema abolicionista. Además, la mayoría de las ordenanzas municipales que regulan esta actividad sancionan tanto a las prostitutas como a los clientes, con la excepción de las ordenanzas municipales de Sevilla que solo sancionan a los clientes. De esta manera, pese a que la prostitución es legal en España continúa no sólo su criminalización, sino la criminalización de las prostitutas.

Uno de los países que ha aplicado una regulación abolicionista es Noruega, tras una reforma legal en el año 2009. Este cambio en la legislación fue fruto de un cambio en la opinión pública del país en los años 2000.  La concepción de la prostitución como una explotación sexual ganó popularidad entre la población noruega, pero este no puede ser explicado completamente por esta situación. Frente a esto, había un sentimiento anti inmigratorio subyacente en la sociedad noruega producido por una mayor presencia de prostitutas de origen nigeriano que practicaban la prostitución callejera. Esta situación hizo que muchas personas empezaran a ver la prostitución como un problema social. La ley aprobada en Noruega penaliza a los clientes con sanciones penales, no a las prostitutas. Asimismo, la prostitución es considerada una explotación, no trabajo. Una característica excepcional de la regulación noruega es el efecto extraterritorial de la normativa. No solo se sanciona el pago de servicios sexuales en Noruega, sino también su pago por noruegos en otros países.

Las críticas a la situación de la prostitución en este país escandinavo no sólo vienen de defensores de la legalización de la prostitución, sino de la mayor asociación sobre prostitución en Noruega, Pro Sentret. Ésta asegura que pese a la orientación de la ley la criminalización de las prostitutas continua. La mayor parte de estas mujeres son inmigrantes y están en una situación irregular, con lo que no tienen acceso a asistencia sanitaria, ni a ningún tipo de ayudas sociales, ni tampoco pueden acceder a puestos de trabajo. La mayor demanda de las prostitutas en Pro Sentret eran alternativas laborales a la prostitución. Como resultado, las prostitutas se encuentran en una situación de marginalidad económica y social que les impide escapar de la prostitución. Además, la policía aplica las leyes inmigratorias contra ellas, por lo que se genera una situación de desconfianza entre estas mujeres y la policía dificultando la lucha contra la trata, sino que favorece que continúen marginadas y sujetas a violencia y hostigamiento.

 

Tanto España como Noruega han optado por regulaciones de la prostitución totalmente diferentes, pero en ambos países continúa la criminalización de las prostitutas. Carecen de una aproximación a la prostitución respetuosa con los derechos humanos. La prostitución se ve como una molestia, como un comportamiento incívico, especialmente la prostitución callejera. Hay un alto riesgo de estigmatización y deshumanización de las prostitutas aumentó en Noruega al verse a estas como a un “otro”. Además, la política migratoria y la regulación de la prostitución se encuentra íntimamente relacionadas, ya que en un endurecimiento de la política migratoria puede llevar a un deterioro de las condiciones de estas mujeres.

Si el nuevo Parlamento español decide finalmente reformar la regulación de la prostitución debería tener en consideración que solamente medidas penales no bastan para acabar con la prostitución, y que provocan una criminalización de las que deberían ser consideradas víctimas en un sistema abolicionista, las prostitutas. Son necesarias medidas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida estas mujeres y sobre todo, alternativas laborales. La mera respuesta penal puede ser una buena medida de cara al electorado, pero solo acompañada de medidas sociales se podrá alcanzar el que debería ser el objetivo del abolicionismo: el fin de la prostitución y la explotación sexual.

 

Referencias:

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Pates, R. (2012). Liberal laws juxtaposed with rigid control: An analysis of the logics of governing sex work in Germany. Sexuality Research and Social Policy, 9(3), 212-222. doi:10.1007/s13178-012-0092-3

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Weitzer, R. (2012). Legalizing prostitution: From illicit vice to lawful business NYU Press.

 

 

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