“Hoy se han acercado los dos borde de la heridas que ahora empiezan de verdad a cicatrizar”  

Manifestó Tierno Galván el 13 de julio de 1978 en la primera sesión de unas Cortes que no estaban llamadas a ser Constituyentes pero terminaron por elaborar la Constitución que hoy celebramos.  

Nuestra Carta Magna cumple 40 años de vida, tiempo en el que nuestro país se ha transformado en la calle y en las instituciones. Algunas autoras han descrito a la Constitución como la ejemplificación misma del consenso y acuerdo que reinó durante la Transición, y es que quién podía imaginar que la histórica y siempre enlutada Pasionaria aplaudiera el discurso del Rey en la sesión solemne  que inauguró la primera legislatura democrática tras más 30 años de vencedores y vencidos. La Constitución permitió sentar las bases para un camino común, que hoy está repleto de curvas, baches y carreteras que reclaman mejoras y atención.

“si seguimos negando la necesidad de que nuestra Constitución entre en quirófano, la estamos enviando directamente al cementerio”

Hoy voces distintas reclaman cambios que convergen todos ellos en la necesidad de una reforma de la norma que ha de servir de marco para la convivencia en común y en cuyo seno se han de recoger las demandas y aspiraciones de la ciudadanía sobre la que desprende todo su poder. Y es que si seguimos negando la necesidad de que nuestra Constitución entre en quirófano, la estamos enviando directamente al cementerio. Corremos el riesgo de que quede obsoleta, que sea incapaz de dar respuesta a una ciudadanía cada vez más diversa, igualitaria y globalizada que exige una mayor protección de derechos socio-económicos así como una necesidad de alcanzar una solución política y democrática a la crisis territorial de un sistema autonómico que nos permitió sentarnos en la mesa a tomar todos un mismo café que hoy parece imposible.

Y es que son muchas las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y concienciada. Una población en la que cada vez somos más los que no vivimos ese relato histórico (a menudo edulcorado) que fue la Transición, pero sí vivimos cada día las lagunas y deficiencias del sistema resultante.

Algunas de estas demandas vienen de la mano de los movimientos sociales, que aunque pueden parecer fruto del desgaste democrático que ha albergado nuestra Constitución,  en muchos casos preexistían a la misma.

“Clara Campoamor hizo mella en la historia al no cuestionarse la igualdad formal entre sexos con la que cuenta nuestra Carta Magna”

Tal es el caso del movimiento feminista, que ya en el periodo constituyente de 1931 fue causa y motor de derechos como el voto femenino o el divorcio. Cuarenta años después, en el periodo constituyente del 78, gracias a esta militancia feminista incesante que sobrevivió en la clandestinidad, comprobamos que el exaltado debate de Clara Campoamor hizo mella en la historia al no cuestionarse la igualdad formal entre sexos con la que cuenta nuestra Carta Magna.

No obstante, la historia avanza y esta igualdad entre líneas se ha cuestionado en la sociedad con la afluencia de denuncias y demandas de legislación de los colectivos feministas en los últimos años. Solo hay que ver el indudable éxito de la huelga feminista del pasado ocho de marzo para comprobar el calado social de este descontento. Y es que en la redacción de nuestra Constitución, a pesar de los esfuerzos a finales de los setenta del Movimiento Democrático de Mujeres auspiciado por el Partido Comunista, tan solo se menciona la palabra “mujer” dos veces: la primera en relación al matrimonio y la segunda en referencia a la ley sálica que da preferencia al varón en la sucesión a la corona. Debates trascendentales como la interrupción voluntaria del embarazo o el divorcio fueron relegados a un desarrollo legislativo posterior, que aparte de hacerlos susceptibles a reiteradas modificaciones en función de las mayorías parlamentarias, retrasó sustancialmente el avance de los derechos de las mujeres en aras de la igualdad.

Pero a pesar de todo lo vivido y conseguido, los colectivos feministas demandan la inclusión de la perspectiva de género de manera transversal en el texto Constituciónal, así como de derechos fundamentales tales como el de una vida libre de violencia de género, disfrute de los derechos sexuales y reproductivos o el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como proyección del libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Aunque el debate es amplio en este tema, hay que partir de un supuesto base: la igualdad efectiva entre géneros sigue siendo una deuda histórica para con las mujeres de este país.

La misma deuda histórica se debe a la clase trabajadora, hombres y mujeres que levantaron y levantan cada día un Estado que tan solo les habla de igualdad en un sentido formal y tiembla al pensar en hacerla efectiva.

“Fue la lucha obrera una de las armas legítimas y democráticas que debilitaron a un tardo franquismo axfisiante que a pesar de todo murió en la cama y con honores”

Y es que el artículo 35 de nuestra Carta Magna – que establece el deber y el derecho al trabajo, la libre elección de profesión y a una remuneración suficiente para la satisfacción de las necesidades personales y familiares (sin discriminación por razón de género) – sigue pareciéndose más a un espejismo que a la realidad de un país, que en Septiembre de este año alcanzó un tasa de desempleo del 14, 9%.  No obstante, sería ingenuo obviar que su función fue dar forma a un nuevo modelo laboral acorde a un sistema Democrático y de Derecho, pero en ningún momento hubo voluntad de hacer materialmente efectivo todo lo que promulga, así como tampoco se debería olvidar que en la base del cambio tiene un papel fundamental el movimiento sindical, fue la lucha obrera una de las armas legítimas y democráticas que debilitaron a un tardo franquismo axfisiante que a pesar de todo murió en la cama y con honores.   

Por lo que ahora que los pretextos deberían haberse acabado, que ya somos una democracia representativa estable, toca huir de los voceros catastrofistas, del miedo y encaminarse hacia el trabajo garantizado. Porque, solo mediante un sistema que se asegure de que la demanda de trabajo sea igual a la oferta, podrá ser el derecho al trabajo digno un derecho realizable.

Se reduciría la explotación laboral, que en muchas ocasiones produce el miedo a quedar desempleado y mueve a trabajadores a aceptar empleos mal remunerados y en pésimas condiciones y garantías. Al mismo tiempo la plena ocupación y sus efectos psico-sociales podrían tener  como producto la reducción la marginalidad social, la delincuencia y el aumento de la igualdad en general.

Como observamos, los beneficios superaría a la ahora popular renta básica universal defendida por algunos partidos del espectro de la izquierda.

El trabajo garantizado va más allá, y, en consecuencia, también le superarán las críticas: Aquellos que tienen arraigados pensamientos liberales y ajenos tanto a la verdadera realidad del trabajo productivo como a los problemas de la mayoría social, llenarán su argumentario de miedos e intentarán convencer de que el pleno empleo causaría una especie de apocalipsis económico como ya lo “predijeron” cuando los obreros conquistaron la jornada laboral de 8 horas o cuando las mujeres pudieron incorporarse masivamente al mercado laboral, pero volverán a fracasar en sus predicciones. La realidad es que no hay país más avanzado que aquel que no necesita de oficinas de desempleo.

La Constitución predica también el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, en íntima conexión con la dignidad de la persona que inspira todo el Título I de derechos y libertades. El hecho de que en el siguiente párrafo hable de los recursos naturales (imponiendo a los deberes públicos el deber de velar por su utilización racional) y de la calidad del medio ambiente, supone interpretar el medio ambiente más allá del medio natural, que abarca una amplia variedad; todos los necesarios para una vida humana en condiciones de dignidad, ya sean naturales o artificiales. No obstante, es indudable la relación entre ambos preceptos.

A pesar de que la redacción de este artículo supuso un gran mérito hace cuarenta años, encontrando muy pocos precedentes en otras Constituciónes, a día de hoy, es a todas luces, insuficiente para que afrontar los retos que el planeta afronta. La Unión Europea suple en buena medida esta insuficiencia; sin embargo, no debemos olvidar que nos encontramos frente a uno de los principios rectores de la política social y económica, que sólo es exigible en los términos expresados en las leyes.

“Una Constitución adaptada al siglo XXI requeriría un marcado carácter ambientalista, como un requisito esencial para el disfrute del resto de derechos”

Una Constitución adaptada al siglo XXI requeriría un marcado carácter ambientalista, que no considere únicamente el deber de los poderes públicos de velar por un uso racional de los recursos naturales, sino que se debe identificar estos como un requisito esencial para el disfrute del resto de derechos, y, exigible no sólo a los poderes públicos, haciendo efectivo el principio de solidaridad colectiva establecido por este artículo. Por ello la sostenibilidad ambiental debe aparecer como un derecho fundamental, además de inspirar otros capítulos de la norma fundamental, como, especialmente, el Título VII de economía y hacienda. La importancia de la protección del medio ambiente se manifiesta en su relación directa con otros derechos, uno de ellos, el derecho a la protección de la salud.

En definitiva, en base al respeto y reconocimiento de lo que se hizo en aquellos difíciles años de temblor y lágrimas, en los que al compás de los avances la violencia intentaba destruir una sociedad que nacía y a la vez se hacía libre. Debemos hoy, casi a modo de deber cívico, cuestionar y reabrir el debate y las necesidades de mejoras. Y es que se han expuesto a lo largo del artículo cuestiones apenas reconocidas en nuestra Carta Magna  y surge ahí, en el seno de esa carencia la necesidad de cambio que no es sinónimo de revolución ni alteración sin guia y plan. El tiempo nos ha proporcionado experiencia y a la vez capacidad de análisis por lo que es ahora momento de debatir sobre nuestra norma superior, sobre nuestra Constitución entorno al respeto y el reconocimiento de España como país construido en la diferencia.

Y es que democracia es sinónimo de debate sin restricciones, sin materias excluidas, por lo que nuestra Constitución en sí misma no puede quedar al margen de ello, porque de ser así quedaría ella apartada de la ciudadanía y nunca se podrían cerrar así las heridas abiertas, como la necesidad del reconocimiento y una real justicia para todos aquellos que aún yacen en cunetas y fosas.  

Quizás todas las heridas a las que se refería Tierno Galván aún no están cicatrizadas, pero hoy, cuarenta años después, están más cerca de hacerlo.